La letra confusa del contrato con Valenbisi

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Las condiciones generales de acceso y utilización del sistema Valenbisi (CGAU) han ido cambiando con los años en algún punto. Una de las cuestiones que está suscitando ardores entre los usuarios y supone una de las razones de queja a la empresa concesionaria es la “penalización” por la actualización de los datos bancarios. Se trata del pago de un euro por gestión.

Estas “irregularidades” y quejas se producen en pleno proceso judicial respecto a la anulación de tres cláusulas del contrato. Se refiere a la anulación de tres cláusulas del contrato con el Consistorio, referidas al sistema informático para la gestión de las reclamaciones, la desaparición de la bicicleta más de 24 horas y el cobro de fianza y la responsabilidad sobre los problemas que se deriven de las máquinas (ya que no son fabricantes).

Desde 2012 la cuestión del cobro por la actualización de datos bancarios ya no aparece en el documento en pdf que hay que aceptar para la inscripción o la renovación del abono para poder utilizar las bicicletas públicas, pero sí de otro modo dentro de cada perfil de usuario, a modo de información. Es por ello que en algunos foros de participación ciudadana que se han ido desarrollando en la red se aconseja “preocuparse de leer con calma los textos que aparecen en la web de Valenbisi cuando hay algún cambio en la CGAU”.

Es aquí donde se produce la segunda parte del debate, ¿si ya no forma parte esta condición del acuerdo alcanzado con la empresa a la hora de solicitar la tarjeta y proceder al pago por el servicio, se tiene que aceptar obligatoriamente esta retención? Valenbisi explica que “no es un cobro, sino saldo a favor acumulado en la tarjeta”. Es decir, en caso de que el ciclista sobrepase el tiempo para la entrega de la bici de estación a estación, se cobrará la sanción de este dinero. ¿Pero y si esto no llega a ocurrir nunca?

Hace dos años aparecía en el artículo 12 del documento, referente a sanciones y conductas sancionables, el pago de un euro por la actualización de los datos bancarios, junto a: “…la naturaleza y/o el importe de las sanciones a abonar a el Cedente (la empresa ElMobiliario Urbano S.L.U.) por el Cesionario (usuario registrado) se establecen conforme al siguiente detalle: desaparición, robo, hurto, de la Bicicleta: 150,00 euros; deterioro total o parcial de la bicicleta: 150,00 euros; retraso en la devolución de la Bicicleta por infracción del artículo 7.6 de las presentes C.G.A.U.: 150,00 euros; actualización de datos bancarios: 1,00 euro…”.

Valencia en Bici se hace eco estos días de una denuncia al respecto de un usuario en concreto que volvía a retomar la cuestión a partir de su reciente experiencia. Recibió un correo de Valenbisi comunicándole que la fecha de su tarjeta de débito expiraba a finales de este mes, con la que pagó con antelación un año natural de sus servicios, matiza el afectado. Éste debía, por tanto, comunicar la nueva fecha de caducidad de la tarjeta. “De no hacerlo, me indican que mi tarjeta de Valenbisi será bloqueada, cuando aun me quedan 3 meses de servicio”, continua explicando.

El usuario en cuestión explica que en su caso nunca se ha excedido en el tiempo de préstamo de una bici puesto que sus “trayectos son siempre cortos y casi siempre idénticos”. Todavía se encuentra esperando una aclaración y respuesta a su queja sobre la tramitación de estas gestiones sobre su tarjeta de débito, el bloqueo de la propia de Valenbisi para continuar haciendo uso de ella durante los tres meses que le restan y sobre la supuesta penalización.

Y la última parte del debate también surge: “Si hacemos cálculos, un euro por 100.000 abonados aproximadamente… No hace falta añadir más: la multiplicación es bien sencilla y la jugada bien clara”, plantea. Cuestiones que se están dando en unos días en que el Ayuntamiento rechaza “municipalizar el servicio de Valenbisi” lo cual costaría 6,6 millones de euros a los valencianos. Una medida que ha propuesto el grupo EU con la intención de “rescatar el servicio”.

Recordemos que Valenbisi ha perdido 4.800 usuarios recientemente y tiene un parque móvil de 2.750 bicicletas repartidas en 275 paradas. Por su parte, la empresa concesionaria, que depende de la multinacional JC Decaux, debe decidir si presenta un recurso de alegación en la Audiencia o acata el fallo sobre las  tres cláusulas del contrato  citadas anteriormente. El Ayuntamiento espera que la empresa acate.