El director del IVF acudirá al juez para informar sobre la Certificación Electrónica vía asistencias mensuales que implantó el anterior Consell y que ya ha regularizado

El director del IVF acudirá al juez para informar sobre la Certificación Electrónica vía asistencias mensuales que implantó el anterior Consell y que ya ha regularizadoEl director del IVF acudirá al juez para informar sobre la Certificación Electrónica vía asistencias mensuales que implantó el anterior Consell y que ya ha regularizado

Un juzgado ha citado como investigados al actual titular del IVF, Institut Valencià de Finances, y a su predecesora para aclarar esta práctica como consecuencia de los reproches de la Sindicatura de Comptes en su informe

Illueca inició las actuaciones en noviembre de 2015 al conocer los reparos del Síndic y ha corregido definitivamente la situación con la adjudicación del servicio en junio tras un procedimiento público de difusión a nivel europeo

La Agencia de Certificación Electrónica prestaba este servicio con el método de contrataciones mensuales externas al menos desde 2013 y, tras su liquidación e integración en el IVF en 2014, se mantuvo este sistema

El director del Institut Valencià de Finances, Manuel Illueca, acudirá al juez a informar sobre el sistema implantado por el anterior Consell (y que se encontró en julio de 2015 al llegar al cargo) para la prestación del servicio de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica, consistente en la contratación mensual de una asistencia técnica realizada por cuatro técnicos informáticos y una administrativa. Una práctica que, precisamente, el actual responsable del IVF ya ha regularizado definitivamente, con la adjudicación del servicio a principios de junio pasado por un periodo de dos años, tras un procedimiento público que gozó de difusión a nivel europeo.

La Sindicatura de Comptes cuestionó este sistema en su informe referido a 2015 al considerar que se trataba de un fraccionamiento de contratos. Como consecuencia de ello, un juzgado abrió diligencias para aclarar esta práctica, motivo por el que ha citado como investigados tanto al actual responsable del IVF, Manuel Illueca, como a su predecesora y titular de la entidad en el primer semestre de 2015 con el anterior Consell, Mariona Roger.

Sin embargo, esta situación es muy anterior. La prestación de este servicio a través de asistencias técnicas mensuales fue instaurada por el anterior Ejecutivo al menos desde 2013, cuando la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica era un ente independiente. Tras su liquidación e integración en el IVF, en enero de 2014, se mantuvo esta práctica, a pesar de los reparos de la Sindicatura de Comptes.

El actual director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, se encontró con esta situación heredada al tomar las riendas del IVF en julio de 2015. En noviembre y tras mantener distintas reuniones con el personal de la Sindicatura de Cuentas, el Instituto decide prescindir de la persona responsable de la contratación en la Agencia de Certificación, se informa al Consejo General de la Entidad y se inicia el procedimiento administrativo pertinente para subsanar la situación. Tras la tramitación y culminación de los diferentes procedimientos, que incluyen la elaboración de la memoria justificativa para la contratación del servicio con fecha de 17 de mayo de 2016, el IVF publicó el 14 de febrero pasado los pliegos de condiciones particulares para la licitación de un concurso público abierto que ya está resuelto.

La licitación, de difusión a nivel europeo, se publicó en el Diario Oficial de la UE el 1 de abril pasado y figuraba además en el Perfil del Contratante del instituto y en la Plataforma de Contratación del Estado. Solo una empresa -la anterior adjudicataria- presentó oferta, dada la especificidad del servicio, que hace difícil encontrar proveedores que cumplan con los estándares de calidad requeridos. Finalmente, a principios de junio, el IVF adjudicó a esta firma el servicio de asistencia técnica a la Plataforma de Certificación Electrónica por un periodo de un año, prorrogable otro más, por importe anual de 250.000 euros, IVA excluido.

Solución, garantizando la continuidad de un servicio imprescindible

De este modo, la situación ha sido ya regularizada por los actuales gestores del Institut Valencià de Finances, que han corregido una más de las numerosas prácticas heredadas del pasado a las que han tenido que dar respuesta. Todo ello garantizando en todo momento la continuidad de un servicio que es imprescindible, el de certificación de firma electrónica avanzada en el ámbito de la Generalitat, sus entidades autónomas, entidades de derecho público y empresas públicas dependientes.

Al respecto, cabe recordar que hay más de 150.000 tarjetas y más de 600.000 certificados digitales activos, y el uso de éstos abarca todos los ámbitos de la Administración, incluidos servicios sanitarios, educativos, sociales o judiciales. La interrupción del servicio habría ocasionado un grave perjuicio a los usuarios de este servicio.

Colaboración total para aclarar al juzgado la práctica heredada

Desde el Institut Valencià de Finances se ha mostrado la total predisposición para colaborar e informar al juzgado sobre este sistema implantando por el anterior Consell de contrataciones mensuales que, en todo caso, ya se ha erradicado en respuesta a las recomendaciones de la Sindicatura.

En concreto, en sus auditorías de 2014 y 2015 el Síndic cuestionó este sistema, ya que conllevaba que cada mes se tramitaba una asistencia técnica para la prestación del servicio de la Agencia de Certificación Electrónica. Estos expedientes mensuales cubrían la contratación de los mismos cuatro técnicos y una administrativa que, en el seno del IVF aunque ajenos a las funciones inherentes al Instituto Valenciano de Finanzas, desarrollaban el servicio de certificación electrónica.

La Agencia de Certificación Electrónica, tras su disolución a 31 de diciembre de 2013, se integró en enero de 2014 en el IVF. Lo hizo incorporando ya este procedimiento. La entidad, en vez de contratar personal laboral, recurría a una asistencia técnica mensual para dar cobertura a las necesidades del servicio. En enero de 2014, el IVF absorbe la Agencia y a los trabajadores contratados mediante este método. En los archivos del instituto, la primera asistencia técnica para dar cobertura a estos empleados es de abril de 2014.

Tras el cambio en el Consell en julio de 2015, y después de tener conocimiento en octubre del informe preliminar de la Sindicatura, en el que el auditor público reprocha esta práctica, el nuevo director del IVF, Manuel Illueca, inicia los trabajos para proceder a la regularización de esta situación, garantizando la prestación de un servicio considerado imprescindible.

A modo de ejemplo, miles de responsables sanitarios utilizan tarjetas criptográficas para acceder a los historiales clínicos con garantías de seguridad. Asimismo el sistema da soporte a las sedes electrónicas tanto de la Generalitat como de las diputaciones y ayuntamientos. La certificación electrónica es empleada también por miles de empresas y ciudadanos en transacciones y trámites. Hay que tener en cuenta que se trata de un servicio muy especializado, cuyas funciones están dotadas de una gran especificidad, siendo difícil encontrar proveedores que cumplan con los estándares de calidad requeridos para prestar el servicio.

Detalle del proceso para corregir la situación

A la vista de las observaciones contenidas en el informe preliminar de la Sindicatura de Comptes sobre la gestión de la entidad en 2014, remitido al IVF en octubre de 2015, se iniciaron los trabajos para subsanar las citadas irregularidades en el proceso de contratación. Con fecha 12 de noviembre la Agencia de Certificación Electrónica del IVF elabora un borrador de pliego de condiciones técnicas. El 22 de diciembre de 2015, el director Manuel Illueca, a propuesta de la responsable de la gestión económica del IVF, autoriza el “inicio del procedimiento para la contratación del servicio de desarrollo y explotación de la plataforma de certificación electrónica del IVF”. En el documento se insta a la realización de un “concurso abierto, procedimiento abierto” para la contratación de estos servicios.

Con fecha de 17 de mayo de 2016 se emite la Memoria Justificativa, que es el documento que a efectos internos inicia la contratación de estos servicios y con el que arrancan formalmente los trabajos previos que integran el expediente de contratación y que se han desarrollado a lo largo de varios meses. La tramitación desemboca finalmente en la publicación, el 14 de febrero pasado, de los pliegos de condiciones particulares y, posteriormente, en la certificación de la existencia de crédito y en la resolución de inicio del expediente, firmada por el director general.

El procedimiento ha gozado de la máxima publicidad al tratarse de un contrato SARA (Sujeto a Regulación Armonizada), lo que, entre otras medidas derivadas de una directiva europea, ha conllevado la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, con el fin de garantizar una verdadera competencia de mercado. De este modo, la licitación ha contado con la máxima transparencia y publicidad.