El Sindic de Greuges abre investigación sobre un desahucio de una familia con cuatro niños

Viviendas

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana abrirá una investigación de oficio para obtener información “de primera mano” de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente por la orden de desahucio de una familia con cuatro niños y una anciana discapacitada de Almassora (Castellón).

Así lo ha dado a conocer Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), tras recibir la respuesta de la síndica en funciones, Emilia Caballero, al requerimiento presentado por el diputado autonómico Víctor Tormo, ante el reciente anuncio de desahucio a esta familia por parte de la Generalitat por una deuda de 2.800 euros.

En su escrito, la defensora del pueblo valenciano asegura que “teniendo en cuenta la gravedad de la situación y el derecho constitucional a una vivienda digna, se acuerda la apertura de una investigación de oficio”, por lo que solicita a la Conselleria que “en el plazo máximo de 15 días nos remita información suficiente sobre la realidad de tales hechos y demás circunstancias concurrentes en el presente supuesto”.

EUPV ha explicado que la familia Ouadi –de origen magrebí y residente en un edificio del grupo 18 de Almassora– está compuesta por cuatro menores, una anciana discapacitada y un padre desempleado y con muy pocos recursos. Recibió la orden de desahucio por parte de la Generalitat por una deuda de 2.800 euros.

Por este motivo, Tormo ha señalado que “además de la gravedad que comporta un desahucio, nos encontramos ante una administración que ha dejado de lado sus obligaciones”, ya que ha destacado el “mal estado” del edificio donde la familia ha residido. “No entendemos cómo durante años se ha permitido vivir en esas condiciones a esta familia, que, ahora, además, son objeto de un desahucio por parte de la Administración que los ha abandonado”.

Así, EUPV ha exigido que se realoje e indemnice a la familia, ya que “sería una auténtica barbaridad que después de estar pagando la hipoteca durante 14 años, de quedarse sin trabajo y no poder afrontar su pago, con una deuda de solo 2.800 euros, la propia Conselleria los dejara en la calle”.